11 de agosto del 2017

Uno de los secretos cada vez peor guardados en México es que la economía del país está sostenida, en una gran medida, por el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas.

El tema sale a relucir con fuerza por el muy mediático caso que involucra a dos figuras públicas, el futbolista Rafael Márquez y el cantante grupero “Julión” Álvarez, con Raúl Flores, un narcotraficante que hasta hace apenas unos días era completamente desconocido para la opinión pública nacional, y que tras la información revelada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, resultó ser un capo de alto nivel.

Sin prejuzgar sobre la responsabilidad que tendrían Márquez o Álvarez por sus relaciones peligrosas con Raúl Flores –misma que tendrá que determinarse luego de las investigaciones que correspondan-, lo que quedó diáfanamente expuesto fue cómo el dinero sucio ha penetrado en cualquier clase de actividad –deportiva, empresarial y del mundo del entretenimiento, en este caso- y en todos los ámbitos de la vida del país, agazapado bajo variopintas máscaras.

Pero lo más grave es que eso no es desconocido. En las principales ciudades del país el lavado de dinero es uno de los principales motores de la economía. Sólo así se puede explicar que en lugares que pasan por crisis económicas no se detengan grandes inversiones, como la construcción de enormes conjuntos habitacionales –desde los de gran lujo hasta los de interés social-, o bien se levanten centros comerciales y enormes edificios de oficinas –con la mayoría de sus espacios vacíos- junto a cinturones de pobreza.

La práctica del lavado de dinero no la lleva a cabo únicamente los cárteles del narcotráfico. Como quedó al descubierto en el estado de Veracruz tras el paso del fide-duartismo, también desde las posiciones de gobierno se desvía dinero que luego busca ser “legalizado” con la adquisición de propiedades o la apertura acelerada de negocios, sin importar que por los mismos no se parara ni una mosca. Actualmente, siguen funcionando varios así en ciudades como Xalapa o el puerto de Veracruz, por citar dos ejemplos. Y ni quien los moleste con una triste auditoría siquiera.

Lo que resulta inverosímil es que la autoridad, y en particular la federal, “no se dé cuenta” que el dinero ilícito inunda actividades de todo tipo bajo la fachada empresarial. Más grave aún, que actúe únicamente hasta que entes extranjeros –como el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en el caso Márquez-Álvarez-, exhiben las redes de tráfico de dinero ilegal que han funcionado por décadas, ante la complacencia oficial.

La política, los espectáculos, el deporte profesional –sobre todo el futbol soccer, que es una cloaca- y los negocios en general en México están cundidos de dinero de procedencia no dudosa, sino decididamente ilícita, que a los grupos delictivos –de cuello blanco o del crimen organizado- les sirve además para refinanciarse y comprarse una “buena reputación”, una posición social y, por supuesto, un poder que llega a estar más allá de los legalmente constituidos.

El lavado de dinero es un “deporte” nacional que se juega en casi todas las canchas, sin reglas ni árbitros. Que todo mundo sabe que existe, pero que hace como que lo ignora. Hasta que el juego se les revierte a los jugadores. O al menos, a algunos de ellos.