Aplazan para el 31 de enero audiencia en caso de Javier Duarte, porque no le avisaron a tiempo a la defensa

El juez de control en el Reclusorio Norte,  Gerardo Moreno García, aplazó la audiencia de acto de investigación contra el ex gobernador de Veracruz, Javier N para el próximo 31 de enero a las 11 de la mañana.

La audiencia de este jueves fue a petición de la Procuraduría General de la República (PGR) para presentar un informe que solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). 

Sin embargo el juez federal se negó aceptar el dato de prueba porque a la PGR se le agotó el tiempo para que fuera admitida. 

Moreno García dijo a los fiscales que de acuerdo con el artículo 91 del código nacional de procedimiento penales  la fecha que  no cumple con la legislación  mínimo 48 horas  para notificarlas.

A la audiencia,  que duró 11 minutos, no se presentó Javier N, sólo un abogado del despacho que encabeza Marco Antonio del Toro. 

Aunque el juez de control pedirá  a las autoridades del Reclusorio Norte que informe la ausencia de Javier N. 

Por su parte los fiscales requirieron al juez de control que la siguiente reunión se realizara antes del 22 de enero, cuando se agota el período de presentar  más elementos que acrediten parte  del monto que durante la gestión de Javier N se desviaron del erario veracruzano.

El magistrado se negó respondiendo que no podía resolver nada si no estaba presente la otra parte,  "no hacemos magia negra, aquí no hay acuerdos ni nos reunimos en lo oscurito". 

En julio, ex gobernador de Veracruz Javier N fue vinculado a proceso penal por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, desde entonces permanecepreso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México 

En ese entonces tras una audiencia de casi 13 horas, el juez de control Gerardo Moreno García dictó el auto de vinculación al ex mandatario veracruzano, luego de que su defensa fracasó en demostrar que la Procuraduría General de la República (PGR) no cuenta con elementos que lo vinculen de manera directa en el desvío de recursos públicos a empresas fachada y a cuentas de sus prestanombres.

A lo largo de la diligencia judicial, el Ministerio Público Federal presentó datos suficientes para demostrar que el imputado lideraba una organización criminal que operaba en la capital del país, Veracruz, el estado de México y Campeche, donde sus prestanombres adquirieron viviendas, ranchos y parcelas ejidales.