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16 de febrero del 2015

Xalapa, Ver. El contralor del estado, Ricardo Garcia Guzman, indicó que la inhabilitación por diez años de Alvaro Cándido Capetillo Hernandez, ex director del Instituto Veracruzano de Educación para Adultos (IVEA), responde a que durante su gestión no logro documentar el ejercicio de un gasto público que asciende a los 36 millones de pesos.


De allí que el funcionario estatal, insistiera en que no hay nada ilegal en la determinación de inhabilitación.


“Cuando tu gastas un peso del gobierno, tienes la obligación de justificar en que se gasto ese recurso. En ese caso no se encontró en muchos expedientes que estuviera debidamente requisitado este recurso”, dijo.


Una vez que concluyó el proceso, en el que el ex funcionario tuvo la oportunidad de justificar el gasto, y no lo hizo, el contralor veracruzano aseveró que la ley indica que habrá de iniciarse un proceso solventatorio, “es decir que tendrán que reponerse en un momento dado”.


Añadió que en este momento Capetillo Hernandez, esta en todo el derecho de impugnar la resolución, de allí que el estado habrá de esperar a que el ex funcionario de el siguiente paso, y una vez que lo haga, entonces dar seguimiento al proceso legal, a fin de que los recursos sean repuestos.
Para ello, dijo que no hay un plazo fijo, aunque admitió que la ley “da un plazo amplio para que el pueda actuar”.


Como el anterior, Garcia Guzmán indicó que hay varios procesos disciplinarios abiertos, entre los que destacó que recientemente fue inhabilitado el ex director de los servicios aéreos del gobierno del estado, Alcides Madrigal, ello también por no haber justificado gastos.


“Fue inhabilitado tres años por una situación similar, él tenía lo que se conoce como aviadores, tenía gente cobrando allí y gente que ni trabajaba, se le comprobó y se le inhabilitó”, apuntó.


Explicó que los procedimientos se encuentran siendo atendidos por la fiscalía general del estado (antes la Procuraduría), en donde además, señaló que se están analizando las declaraciones patrimoniales de 2 mil 229 servidores públicos.


“Ahora con la nueva fiscalía, al volverse autónomo, será el congreso del estado, quien les reciba su documentación, nosotros archivamos, continuamos con el padrón histórico y estaremos al servicio del Congreso y de la propia fiscalía para cualquier aclaración”, apuntó.


Finalmente, dijo que el día 2 de abril, es la fecha límite para que los servidores públicos de la fiscalía, entreguen la documentación completa ante el congreso del estado.