El Senado de la República, en su primera sesión del nuevo periodo ordinario, aprueba de forma unánime, la declaratoria por la que el Estado mexicano reconoce la competencia de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para recibir e investigar denuncias por desaparición forzada de personas en el país, las cuales ocurrieron a partir de diciembre del 2010, en que nuestro país firmó la convención respectiva.
Dicha petición fue enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y atendida con carácter de urgente por el Senado, instancia que votó la declaratoria y la aprobó con 107 votos.
La misma, contribuye a fortalecer al Comité contra la Desaparición Forzada, previsto en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzosas, vigente para México desde diciembre de 2010, al ampliar su competencia para recibir comunicaciones de las víctimas o de sus representantes, coincidieron en señalar todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara alta.
Emilio Álvarez Icaza lamentó que la aprobación haya llegado 10 años tarde; sin embargo, celebró el apoyo unánime de los legisladores que representa un acto de justicia para que las víctimas no tengan que decirnos: “dónde están nuestros hijos, hermanos, familiares…”.
Se precisa además que el Comité de la ONU podrá enviar al Estado medidas cautelares, con lo que se buscará evitar daños a la víctima, víctimas o cercanos.
Los hechos deberán ser denunciados ante las autoridades, quienes tienen la obligación de actuar de manera rápida e imparcial durante la denuncia de los hechos y brindarle protección a quien o quienes participen en la denuncia, ya sea como denunciante o como allegado.
