El gobierno de Venezuela inició un proceso de excarcelación de un “número importante” de personas detenidas por razones políticas, entre ciudadanos venezolanos y extranjeros, tras el anuncio realizado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.
Aunque las autoridades no han difundido una lista oficial ni cifras precisas, con el paso de las horas comenzaron a confirmarse algunos de los nombres más representativos incluidos en esta medida.
Entre los casos más relevantes se encuentra el de Rocío San Miguel, analista en temas de seguridad y derechos humanos, detenida en febrero de 2024 y recluida en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), conocida como El Helicoide. Su detención fue cuestionada por organizaciones civiles y gobiernos extranjeros. De acuerdo con información proporcionada por su entorno familiar, la especialista viajará a España en los próximos días.
Otro de los liberados es Enrique Márquez, excandidato presidencial en los comicios de julio de 2024 y exrector del Consejo Nacional Electoral (CNE), quien permanecía privado de la libertad desde enero del año pasado. Márquez tuvo un papel relevante en negociaciones políticas entre el oficialismo y sectores opositores durante procesos electorales recientes.
También se confirmó la liberación de al menos cuatro ciudadanos españoles: Andrés Martínez Adasme, José María Basoa, Miguel Moreno y Ernesto Gorbe, según fuentes diplomáticas. La cancillería española calificó la decisión como “un gran primer paso” y señaló que los liberados cuentan con el acompañamiento de la embajada de España en Caracas para su retorno.
Jorge Rodríguez sostuvo que estas excarcelaciones forman parte de un “gesto unilateral” del Estado venezolano orientado a fortalecer la paz y la convivencia política. Asimismo, agradeció la mediación de actores internacionales, entre ellos el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el Gobierno de Catar.
El anuncio se produce en un contexto de alta tensión política, marcado por la captura de Nicolás Maduro en Estados Unidos y por las negociaciones entre Caracas y Washington en torno a la industria petrolera venezolana. En días recientes, autoridades estadounidenses informaron sobre la posible entrega de entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo previamente sancionado, situación que analistas vinculan con concesiones políticas como la liberación de detenidos.
Pese a las liberaciones confirmadas, persiste la incertidumbre sobre si los beneficiados enfrentarán su proceso en libertad plena o bajo medidas cautelares, como restricciones de movilidad o presentaciones periódicas ante tribunales. Organizaciones como Foro Penal y Justicia, Encuentro y Perdón han advertido que en Venezuela aún permanecen más de 800 personas detenidas por motivos políticos, cifra que consideran la más alta del hemisferio.
Mientras tanto, familiares y allegados de otros detenidos mantienen la expectativa dentro y fuera del país, a la espera de que el proceso de excarcelación se amplíe y se esclarezca el estatus jurídico de quienes han sido liberados en esta nueva etapa.
