Sobre la resolución del máximo tribunal del país ante la prisión preventiva oficiosa, las y los mandatarios estatales de la Cuarta Transformación hicieron un nuevo llamado mediante posicionamiento conjunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación: considerar el principio de supremacía constitucional atendiendo siempre los derechos de las víctimas del delito.
“Se trata de una decisión que impactará directamente en la seguridad pública y gobernabilidad del país y con ello en la de las entidades federativas, de cuyos gobiernos somos responsables; tema fundamental en la vida jurídico-política de nuestro país y de protección a su soberanía constitucional”, compartió el titular del Poder Ejecutivo en Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, a través de redes sociales (https://n9.cl/mwgz5v).
Quienes firman el documento manifiestan que la figura de prisión preventiva oficiosa responde a una política de combate al crimen que permite garantizar una adecuada conducción del proceso penal y lograr el esclarecimiento de los hechos, proteger a las víctimas, procurar que el responsable no quede impune y asegurar que sean reparados los daños.
Precisan que la restricción que se pretende declarar inconstitucional se refiere a delitos de alto impacto y de clara repercusión social que en su momento fueron considerados graves, al agregar que el procedimiento para modificar o enmendar el contenido de la Constitución Mexicana requiere la aprobación del Congreso de la Unión y de más de la mitad de los Congresos estatales, como establece el Artículo 135, del cual también piden observancia estricta.
